El Tribunal Supremo ha declarado en su\u00a0sentencia n.\u00ba 339\/2024 de 28 de febrero<\/b>, que\u00a0cabe obtener la devoluci\u00f3n de lo pagado por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)<\/b>, m\u00e1s conocido como \u00abplusval\u00eda municipal\u00bb,\u00a0en liquidaciones firmes, cuando en la transmisi\u00f3n por la que se gir\u00f3 la liquidaci\u00f3n no existi\u00f3 incremento de valor de los terrenos<\/b>\u00a0y, por lo tanto, se pag\u00f3 por una ganancia que realmente no se produjo. Con ello, nuestro Alto Tribunal modifica su jurisprudencia previa y fija criterio en una cuesti\u00f3n que ha sido resuelta de forma dispar en los distintos juzgados y tribunales contencioso-administrativos.<\/p>\n
La\u00a0sentencia del Tribunal Constitucional n.\u00ba 59\/2017, de 11 de mayo, ECLI:ES:TC:2017:59<\/a>, declar\u00f3 inconstitucionales ciertas normas de la regulaci\u00f3n de este impuesto, siempre que en la transmisi\u00f3n gravada no se hab\u00eda producido un incremento del valor de los terrenos; pero\u00a0la doctrina jurisprudencial hasta ahora hab\u00eda venido considerando que esta declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad, por los t\u00e9rminos parciales y condicionados en que se realiz\u00f3, no pod\u00eda afectar a los actos de liquidaci\u00f3n firmes y consentidos, por no existir cauce de revisi\u00f3n de oficio en la\u00a0Ley General Tributaria<\/a><\/b>.\u00a0<\/p>\n Sin embargo, por medio de esta nueva sentencia, el Tribunal Supremo revisa su anterior jurisprudencia, establecida en varias sentencias de mayo de 2020. Concluye que, al no existir ninguna limitaci\u00f3n de efectos en la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad que hizo la sentencia del Tribunal Constitucional antes mencionada, las\u00a0liquidaciones firmes por plusval\u00eda que obligaron a pagar a los contribuyentes en estos casos, en los que no existi\u00f3 ning\u00fan incremento de valor de los terrenos, son nulas de pleno derecho<\/b>;\u00a0y que la regla general que impone la Constituci\u00f3n para estos casos es limitar al m\u00e1ximo posible los efectos de la ley inconstitucional.\u00a0<\/p>\n Considera que la aplicaci\u00f3n de la norma inconstitucional ha impuesto, en estos casos, una carga tributaria sin que haya existido ning\u00fan incremento de valor ni riqueza que pudiera ser sometida a tributaci\u00f3n. Lo cual supondr\u00eda una\u00a0vulneraci\u00f3n del principio de capacidad econ\u00f3mica y de prohibici\u00f3n de confiscatoriedad<\/b>\u00a0que garantiza el art\u00edculo 31.1 de la\u00a0Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/a>.<\/p>\n