Derechos fundamentales

En este caso, una persona investigada fue detenida dentro de unas diligencias previas por una presunta organización dedicada al tráfico de hachís desde Ceuta a la península. Según la investigación, existía una especie de “estructura de seguridad” formada por guardias civiles destinados en el Puerto de Ceuta, que facilitarían la operativa a cambio de dinero. Antes de la comparecencia judicial en la que se iba a decidir si entraba o no en prisión provisional, el juzgado le entregó un documento llamado “resumen de imputaciones”, supuestamente para informarle de los “elementos esenciales” del caso, aunque las actuaciones estaban bajo secreto. En ese resumen se le atribuían delitos de organización criminal, contra la salud pública y cohecho, y se decía que había indicios procedentes de conversaciones intervenidas y grabadas, por ejemplo, que habría cobrado 5.000 euros por una actuación pasada y que habría un precio pactado de 120.000 euros a repartir.

En la comparecencia, la defensa pidió acceder a diligencias concretas para poder discutir con garantías la privación de libertad, especialmente a esas conversaciones citadas como indicio clave. La jueza instructora lo denegó. Aun así, se acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza, basándose en indicios de participación y en riesgos como fuga, reiteración delictiva y destrucción u ocultación de pruebas. El investigado recurrió pidiendo la nulidad de la comparecencia y del auto de prisión, porque entendía que sin acceder a esos elementos esenciales (sobre todo las conversaciones) no podía defenderse de verdad. Tanto el juzgado como la Audiencia Nacional mantuvieron la prisión, considerando suficiente el “amplio resumen” facilitado.

Finalmente, el Tribunal Constitucional le dio la razón, recordando que, aunque haya secreto de las actuaciones, eso no elimina el derecho a acceder a los elementos esenciales para impugnar una privación de libertad, y que ese acceso tiene que ser real y efectivo, no una simple referencia genérica. Aquí, como la conversación intervenida era el principal indicio para acordar la prisión, negar su grabación o transcripción impidió una defensa efectiva y vulneró los derechos a la libertad y a la defensa.