El caso gira en torno a una ponencia de valores catastrales (es decir, la valoración oficial que sirve de base, entre otras cosas, para calcular impuestos). Una empresa consiguió una sentencia firme del TSJ del País Vasco que anulaba la ponencia aplicada a un Bien Inmueble de Características Especiales y ordenaba retrotraer las actuaciones para rehacerla correctamente.
Si una ponencia está mal, se anula y la Administración tiene que rehacer el trabajo. El problema vino después, ya en la fase de ejecución de esa sentencia. En vez de limitarse a rehacer la ponencia conforme a lo ordenado, la Administración aprobó una nueva ponencia, pero además la notificó diciendo que tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020, o sea, desde la misma fecha en que había empezado a aplicarse la ponencia anulada.
La empresa entendió que eso era pasarse de la raya y promovió un incidente de ejecución diciendo, en esencia, que la Administración estaba aprovechando la ejecución para imponer efectos hacia atrás que no estaban en el fallo. El TSJ no le dio la razón, y por eso la empresa acudió al Tribunal Supremo (TS).
El TS estima el recurso, recuerda que una sentencia firme debe cumplirse en sus propios términos, y que en ejecución no se pueden introducir cargas, condiciones o consecuencias nuevas que el fallo no haya previsto. Por eso, concluye que no cabe que la Administración, en esa fase, apruebe una nueva ponencia con retroactividad apoyándose en una interpretación estricta del art. 39.3 de la LPAC. Hacerlo vulnera la intangibilidad de la sentencia firme y el derecho a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, el TS anula lo resuelto en ejecución en cuanto avalaba esa retroactividad y declara nulos los actos administrativos en ese punto.
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