El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado que es legal que una administración «reserve» ciertos contratos públicos (por ejemplo, un servicio de limpieza) para que solo puedan licitar centros especiales de empleo de iniciativa social, y que esa reserva no vulnera los principios de igualdad de trato ni de proporcionalidad.
El caso parte de la queja de una confederación de centros especiales de empleo, que sostenía que esta regulación perjudica a otros centros especiales de empleo que no son de iniciativa social (los llamados de iniciativa empresarial), porque les impide presentarse a esas licitaciones reservadas. Tanto el Tribunal de Recursos Contractuales como el Tribunal Superior de Justicia ya habían rechazado los recursos contra los pliegos.
El TS explica que la finalidad de la reserva es social y legítima, favorecer la integración social y laboral de las personas con discapacidad. Además, recuerda que la normativa europea permite a los Estados reservar contratos a entidades cuyo objetivo principal sea precisamente esa integración.
Según el TS, los centros de iniciativa social están en mejor posición para cumplir ese objetivo porque, en general, están promovidos mayoritariamente por entidades sin ánimo de lucro o con carácter social y reinvierten íntegramente sus beneficios en crear empleo para personas con discapacidad y mejorar su actividad de economía social. Por eso, dejar fuera a los centros que no cumplen esos requisitos no se considera un «capricho» por lo que no es arbitrario, no va más allá de lo necesario y no supone una restricción artificial de la competencia.
Como antecedente, el propio TS ya había avalado esta idea en una sentencia anterior, destacando que la reinversión total de beneficios es un criterio objetivo ligado a esa finalidad social.
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