La transparencia salarial en la empresa se refuerza desde noviembre de 2026 con nuevos derechos de información para las personas trabajadoras y mayores obligaciones para las empresas. El Real Decreto-ley 39/2026 modifica el Estatuto de los Trabajadores y la normativa sobre igualdad retributiva para facilitar la detección de diferencias salariales injustificadas entre hombres y mujeres.
La reforma entró en vigor el 19 de noviembre de 2026 y afecta tanto a las reglas de información salarial como a los criterios utilizados para fijar retribuciones, complementos y progresión económica.
¿Qué significa la nueva transparencia salarial en la empresa?
La empresa debe aplicar criterios objetivos y neutros respecto del género para determinar:
- la retribución de las personas trabajadoras;
- los niveles salariales de los distintos puestos o categorías;
- y, cuando proceda, los criterios de progresión retributiva.
Estos criterios deberán ponerse a disposición de la plantilla y de la representación legal de las personas trabajadoras de forma comprensible y accesible. Cuando se modifiquen, la información deberá actualizarse.
El trabajador puede solicitar información sobre los salarios medios
Una de las novedades más relevantes es el reconocimiento expreso del derecho de cada persona trabajadora a solicitar información sobre:
- su propia retribución;
- las retribuciones medias de quienes realizan el mismo trabajo o un trabajo de igual valor;
- los datos anuales y por hora;
- y la información desglosada por sexo.
La información deberá diferenciar salario base, complementos salariales y percepciones extrasalariales.
Esto no significa que el trabajador tenga derecho a conocer la nómina individual de cada compañero, sino que podrá acceder a información retributiva media que permita valorar si existe una diferencia salarial injustificada.
¿Cada cuánto puede pedirse esta información?
La solicitud puede formularse:
- una vez al año;
- o cuando se produzcan cambios que justifiquen una nueva petición.
Puede realizarla directamente la persona trabajadora o a través de la representación legal de los trabajadores.
La empresa deberá facilitar la información por escrito en un plazo máximo de dos meses desde que recibe la solicitud.
Si los datos son incompletos o inexactos, el trabajador podrá solicitar aclaraciones y la empresa deberá responder motivadamente en un plazo de 15 días.
La empresa debe informar anualmente de este derecho
Otra novedad importante es que la iniciativa no debe depender únicamente del trabajador.
Las empresas tendrán que informar, al menos una vez al año, a toda su plantilla de que existe este derecho y explicar cómo puede ejercerse.
Por tanto, la transparencia salarial pasa a ser una obligación activa de la empresa.
También pueden pedir información quienes ya no trabajan en la empresa
La norma permite que una persona que ya haya finalizado su relación laboral pueda ejercer este derecho respecto del periodo durante el que trabajó en la empresa.
La solicitud deberá realizarse dentro del plazo de un año desde la fecha del cese.
Este derecho puede resultar especialmente relevante cuando posteriormente se plantea una reclamación por diferencias salariales o discriminación retributiva.
Se pueden comunicar los datos sobre el propio salario
La reforma establece expresamente que las personas trabajadoras tienen derecho a comunicar o revelar información sobre su propia retribución cuando ello tenga como finalidad garantizar el principio de igualdad salarial.
Además, serán nulas las cláusulas contractuales que impidan al trabajador divulgar información sobre su propia retribución con esa finalidad.
Esto supone un cambio importante frente a determinadas cláusulas de confidencialidad salarial utilizadas por algunas empresas.
Igual salario por trabajo de igual valor
La normativa no se limita a comparar personas que tengan exactamente el mismo puesto.
El principio de igualdad retributiva también se aplica cuando se trata de trabajos de igual valor.
Para determinar si dos trabajos tienen igual valor deben analizarse, entre otros elementos:
- las funciones realmente realizadas;
- la formación necesaria;
- la experiencia;
- las condiciones laborales;
- la responsabilidad;
- el esfuerzo;
- la penosidad;
- la polivalencia;
- las habilidades sociales;
- las tareas de cuidado;
- o la capacidad de organización y resolución de conflictos.
La valoración no debe basarse en estereotipos de género.
Registro salarial y diferencias superiores al 25 %
Todas las empresas deben mantener un registro con los valores medios de salarios, complementos y percepciones extrasalariales, desagregados por sexo y distribuidos por grupos, categorías o puestos iguales o de igual valor.
Cuando una empresa con al menos 50 trabajadores presente una diferencia media igual o superior al 25 % entre las retribuciones de hombres y mujeres, deberá incorporar al registro una justificación que demuestre que la diferencia responde a razones ajenas al sexo.
Las empresas de 50 o más trabajadores tienen mayores obligaciones
Las empresas con al menos 50 personas trabajadoras deberán facilitar información específica sobre la brecha salarial de género.
Entre otros datos deberán informar sobre:
- brecha retributiva;
- diferencias en complementos salariales;
- distribución de mujeres y hombres por niveles retributivos;
- y diferencias existentes en puestos iguales o de igual valor.
Si se detectan diferencias que no puedan justificarse mediante criterios objetivos y neutros respecto del género, deberán corregirse en un plazo que no podrá superar seis meses.
Mayor protección frente a represalias
La reforma también refuerza expresamente la denominada garantía de indemnidad.
El Estatuto de los Trabajadores reconoce ahora el derecho a no sufrir ningún trato desfavorable, perjuicio o represalia por reclamar derechos laborales, tanto ante la propia empresa como mediante acciones administrativas o judiciales.
Además, serán nulas las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como consecuencia de una reclamación previa del trabajador.
Esto puede ser especialmente relevante en supuestos de despido, sanción o modificación de condiciones producidos después de una reclamación salarial.
Otras novedades laborales incluidas en la reforma
El Real Decreto-ley 39/2026 también introduce otras modificaciones importantes.
Cambio entre jornada completa y parcial
La empresa no puede imponer unilateralmente la conversión de un contrato a tiempo completo en uno parcial, ni viceversa.
El trabajador tampoco puede ser despedido, sancionado o perjudicado por negarse a ese cambio, sin perjuicio de que puedan existir medidas empresariales basadas en causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
Horas complementarias
En los contratos a tiempo parcial, las horas complementarias deben comunicarse con un preaviso mínimo de tres días, salvo que el convenio establezca otro plazo inferior.
Si la empresa no respeta el preaviso, el trabajador puede rechazar la prestación sin sufrir consecuencias desfavorables.
Además, si la empresa cancela posteriormente esas horas, el trabajador conserva el derecho a cobrarlas.
Derecho a solicitar un empleo más estable
La nueva regulación permite que determinados trabajadores soliciten pasar a puestos vacantes que ofrezcan mayor estabilidad o previsibilidad.
Por ejemplo:
- de temporal a indefinido;
- de fijo discontinuo a indefinido ordinario;
- de tiempo parcial a tiempo completo;
- o a puestos con mejores condiciones de estabilidad.
La empresa debe estudiar la solicitud y responder por escrito y de forma motivada. Con carácter general dispone de un mes; en empresas de hasta diez trabajadores, el plazo puede llegar a tres meses.
¿Qué puede hacer un trabajador si detecta una diferencia salarial?
Cuando existen indicios de que una persona está percibiendo una retribución inferior por razones no justificadas, conviene analizar:
- contrato de trabajo;
- convenio colectivo;
- nóminas;
- complementos salariales;
- funciones reales desarrolladas;
- categoría profesional;
- registro retributivo;
- criterios de progresión salarial;
- y retribuciones correspondientes a trabajos iguales o de igual valor.
Una diferencia salarial no es necesariamente discriminatoria.
Puede existir una razón objetiva que la justifique, como antigüedad, experiencia, productividad u otras circunstancias relacionadas con el puesto.
Sin embargo, cuando la empresa no puede aportar una explicación objetiva y neutra, puede existir una vulneración del principio de igualdad retributiva.
Mi valoración como abogado laboralista
La nueva regulación incrementa considerablemente las posibilidades de detectar y reclamar diferencias salariales injustificadas.
Hasta ahora, uno de los principales problemas para plantear una reclamación salarial era precisamente la dificultad de acceder a información suficiente sobre cómo se fijaban las retribuciones dentro de la empresa.
El nuevo derecho a conocer las retribuciones medias de puestos iguales o de igual valor, unido a la obligación empresarial de explicar los criterios salariales, puede facilitar la identificación de situaciones discriminatorias.
También resulta especialmente relevante el refuerzo de la protección frente a represalias después de una reclamación laboral.
¿Crees que estás cobrando menos que otros trabajadores por el mismo trabajo?
Si existen diferencias salariales dentro de la empresa, conviene comprobar si responden a criterios objetivos o si pueden constituir una discriminación retributiva.
El análisis debe realizarse atendiendo a las funciones realmente desarrolladas, el convenio colectivo, la estructura salarial de la empresa y los nuevos derechos de información.
Guillermo Doménech Martínez
Abogado laboralista en Valencia.
Abogado accesible, claro y comprometido.
¿Le afecta este asunto? Le asesoro como abogado de derecho laboral en Valencia. Más información sobre reclamación de salarios.