el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 30 de septiembre de 2026 (ECLI:ES:TSJCAT:2026:7635), ha declarado improcedente el despido de un trabajador que se negó a abandonar el régimen de teletrabajo que venía realizando durante años. La empresa deberá optar entre readmitirlo o abonarle una indemnización de 24.863,01 euros.
Un trabajador despedido por negarse a dejar el teletrabajo
El conflicto comenzó cuando una empresa decidió modificar las condiciones laborales de uno de sus trabajadores, que llevaba prestando servicios principalmente desde su domicilio desde el año 2015.
El empleado, que desempeñaba funciones comerciales, acudía habitualmente a la oficina los lunes para participar en reuniones, desarrollando el resto de su actividad mediante trabajo a distancia.
En febrero de 2024, la empresa le comunicó que debía abandonar esta modalidad y comenzar a trabajar presencialmente de lunes a viernes.
El trabajador no aceptó el cambio y continuó desempeñando sus funciones desde su domicilio, como había venido haciendo durante años.
Finalmente, la empresa acordó su despido disciplinario por desobediencia a las instrucciones empresariales.
El Tribunal declara improcedente el despido por teletrabajo
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mediante sentencia número 5037/2026, revocó la decisión del Juzgado de lo Social que inicialmente había considerado procedente el despido.
La Sala valoró especialmente que el trabajador llevaba años desarrollando su actividad a distancia con conocimiento de la empresa.
Aunque no existía un acuerdo escrito de teletrabajo, esta circunstancia no permitía desconocer la realidad de las condiciones en las que se había desarrollado la relación laboral.
La sentencia considera que la empresa no podía alterar unilateralmente aquella modalidad de prestación de servicios en las circunstancias examinadas.
En consecuencia, declaró improcedente el despido, reconociendo el derecho del trabajador a ser readmitido o a percibir una indemnización de 24.863,01 euros.
¿Puede una empresa eliminar unilateralmente el teletrabajo?
La Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, establece determinadas garantías para los trabajadores que desarrollan su actividad fuera de las instalaciones empresariales.
Su artículo 8.1 dispone que la modificación de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, incluido el porcentaje de presencialidad, debe ser objeto de acuerdo entre la empresa y el trabajador, formalizado por escrito antes de su aplicación.
Por tanto, cuando existe un régimen de teletrabajo acordado, la empresa no puede modificarlo libremente al margen de la normativa aplicable.
No obstante, cada supuesto debe analizarse individualmente, teniendo en cuenta el acuerdo suscrito, su duración, las condiciones de reversibilidad, el convenio colectivo y las circunstancias de la relación laboral.
¿Qué ocurre cuando el teletrabajo no está recogido por escrito?
Uno de los aspectos relevantes de esta sentencia es que el trabajador no había firmado un acuerdo específico de trabajo a distancia.
Sin embargo, había desarrollado su actividad mediante esta modalidad durante aproximadamente nueve años.
La ausencia de formalización escrita no permitió a la empresa ignorar una situación laboral mantenida durante tanto tiempo.
Esto no significa que cualquier prestación ocasional de servicios desde el domicilio genere automáticamente un derecho indefinido al teletrabajo.
Resulta necesario examinar si existía un verdadero acuerdo entre las partes, aunque no estuviera formalizado, y las condiciones concretas en las que se prestaban los servicios.
¿Qué puede hacer un trabajador si su empresa le obliga a volver a la oficina?
Cuando una empresa comunica la eliminación o reducción del teletrabajo, conviene examinar previamente la legalidad de la decisión.
Es especialmente importante revisar:
- El contrato de trabajo y los acuerdos de teletrabajo.
- La duración de esta modalidad de prestación de servicios.
- Las comunicaciones remitidas por la empresa.
- Las condiciones de reversibilidad pactadas.
- El convenio colectivo aplicable.
- La existencia de circunstancias familiares que puedan justificar una solicitud de adaptación de jornada.
Si el trabajador considera que la decisión empresarial vulnera sus derechos, puede valorar su impugnación judicial mediante el procedimiento correspondiente.
No es recomendable desobedecer directamente las instrucciones empresariales sin asesoramiento jurídico previo, ya que las consecuencias dependerán de las circunstancias del caso.
En caso de despido, el plazo general para impugnarlo es de 20 días hábiles.
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Guillermo Doménech Martínez
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